En las actuales circunstancias de Cuba, si de lograr plenamente una cultura de buen funcionamiento social se trata, a nuestra República revolucionaria y a la ciudadanía les corresponde un papel determinante. Lo subrayé al final de “Transformación difícil, vital, ineludible”, el anterior artículo de esta serie “Detalles en el órgano”, al pasar revista sobre algunos de los obstáculos que el país necesita vencer para lograr cambios que mantengan vivo y factible el afán de construir el socialismo. Pero desde que, apremiado por el espacio, puse el punto final al texto, me percaté de que el énfasis tipográfico aplicado no bastaba para señalar la importancia que los conceptos de república y ciudadanía tienen, y necesitamos reconocer en ellos.

A menudo, la “costra tenaz del coloniaje”, como la llamó Rubén Martínez Villena, y en particular la del neocolonialismo —que infectó la médula de una República maniatada por el imperialismo estadounidense—, parecería hacernos olvidar un hecho de fondo: la historia de nuestra patria ha estado marcada centralmente por el propósito de fundación republicana. Ha sido así desde el comienzo de sus luchas por la independencia, la soberanía y la justicia social hasta la etapa que condujo al tramo victorioso que en esa trayectoria combativa atesora el nombre de Revolución Cubana, el cual corresponde con propiedad a un proceso de más de un siglo.

Con república sucede algo parecido a lo que ocurre con democracia, cuya historia coincidió, en su aparición más visible, con la esclavitud: recordemos la antigua Grecia y especialmente, en cuanto al primero de aquellos términos, Roma, donde esa aspiración dignificante pugnó con la dominación imperial. A partir de ahí ambos conceptos alcanzaron —revoluciones mediante— una capacidad de crecimiento y profundización que los muestra inagotados en el mundo de hoy. En él siguen representando insoslayables ideales de plenitud hacia el futuro, si la humanidad no desaparece antes de crear formas superiores —ciertamente humanas— de organización y convivencia.

La ética emancipatoria está lejos de reclamar que se abandonen esas banderas como si, al hacerlo, se respondiese a las manquedades que la democracia haya tenido al estancarse en el servicio a la burguesía y a sus corporaciones. Tal abandono tampoco lo legitimarían las limitaciones de las repúblicas que han existido hasta hoy, incluidas las que se identificaron con modelos socialistas en los que real llegó a exhalar tufo de “nuevas” realezas. Ello tuvo su monumento mayor, pero no único, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de cuya desviación con respecto a los ideales representados por un octubre —o noviembre— que estremeció al mundo, aún no parece que se haya dicho todo lo justo y necesario.

En cuestión de programas justicieros, debemos asumir con firmeza la meta que, en el primer artículo de las Bases del Partido Revolucionario Cubano, José Martí definió como “sincera democracia”. Solo así podremos consumar una radicalización verdaderamente popular, llamada a cumplir una exigencia cardinal que el mismo héroe sostuvo en uno de los discursos principales —el conocido como Con todos, y para el bien de todos—con que él estimuló la fundación de aquel Partido: “si en las cosas de mi patria me fuera dado preferir un bien a todos los demás, un bien fundamental que de todos los del país fuera base y principio, y sin el que los demás bienes serían falaces e inseguros, ese sería el bien que yo prefiriera: yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. La máxima final de esa exigencia la lleva en su preámbulo, como blasón y escudo, la actual Constitución de la República de Cuba.

Sin detenernos en el hecho de que los avances del pensamiento y la justicia autorizan a sustituir mentalmente en esa cita —como en otras— hombre por ser humano, digamos que no debemos olvidar lo que ha significado el crecimiento histórico de los ideales republicanos y democráticos. Ellos han expresado el avance hacia estadios sociales superiores, libres de moldes opresivos como la sucesión basada en un concepto de “derecho de sangre” que incluso estuvo, o está, asociado a presuntas conexiones con divinidades (fabricadas en la tierra). Aún hoy resultan palmarios los nexos entre las monarquías, incompatibles por esencia con la verdadera democracia, y determinados señoríos eclesiales.

Aunque no sea tema para agotarlo en estas líneas, al menos recordemos los obstáculos que le ha acarreado al socialismo el haberse intentado, por circunstancias históricas concretas, en naciones cuya realidad se vinculaba de distintas formas con el modo de producción asiático. Lo que esos lazos tengan de inconveniente no se borra porque un revolucionario como José Carlos Mariátegui, empeñado en hallar caminos para el socialismo —como acto de “creación heroica”— en nuestra América, viera raíces para ese propósito en la organización rural del mundo incaico, afín al mencionado modo de producción. Todo está en qué se hereda, qué se asume, y qué y cómo se supera.

Para Cuba sigue en pie una historia de luchas independentistas y libertadoras que pone sobre el tapete un hecho: apenas seis meses después del levantamiento inaugural encabezado por Carlos Manuel de Céspedes en el ingenio Demajagua, el país alzado se constituyó como República. Fue un ejemplo de civilidad y afán de organización política, con el que la colonia antillana abofeteó a la monarquía de la cual viene (aunque ostente signo parlamentario y la haya calificado de “casi república” algún comunista más o menos renegado) la que hoy perdura en la otrora metrópoli. Esa monarquía se ha impuesto contra la herencia de una Primera República insuficiente y de una estimulante Segunda República, asesinada por la sedición terrorista y fascista cuyo caudillo murió de viejo luego de preparar la “democrática” Transición monárquica-capitalista y formar al rey que la representaría.

En las actas de nuestra República en Armas el título que honra a los representantes de la patria, ya fuese el presidente o un humilde servidor de ella, era ciudadano. Así se repudiaba la cualidad de súbdito, que expresaba, y expresa, subordinación a una Corona. Parte de la cultura política e histórica, de la cultura, que debemos fortalecer gira en torno al concepto de ciudadano, irreductible al término con que llamen los agentes del orden a quienes sean sospechosos de ser delincuentes o no haya garantía de que merezcan ser tratados como compañeros.

Ese tratamiento, el de compañero, es uno de los logros de la transformación revolucionaria del país, y se asocia al afán de colectivismo y de igualdad que sería impropio o cobarde abandonar porque hayamos descubierto que el igualitarismo es una entelequia inviable. Pero el uso del término compañero, que tampoco debe banalizarse o neutralizarse con un empleo indiscriminado y rutinario, no ha de conducirnos a ignorar que somos ciudadanos de una república. Esa condición la refuerza hoy, de manera creciente, un hecho: en la práctica, y ante la ley, la política tributaria —aplicada al servicio de los ideales justicieros en un pueblo que intenta construir el socialismo— erige al ciudadano en contribuyente.

Una de las implicaciones favorables de esa realidad es que cada ciudadano en particular, y la ciudadanía en su conjunto, se sabrán con más autoridad moral y práctica para exigir que se respeten sus derechos. El primero de ellos es que no se le confunda con el pichoncito que abre la boca para que los padres le pongan en ella los alimentos que necesita. Otra cosa es que lo tilde de tal algún confundido, o algún beneficiado con nidos y abastos que no están al alcance del pueblo. Pero para que la ciudadanía ejerza sus derechos fundamentales no ha sido necesario llegar al punto en que toda ella contribuya con impuestos. En su mayor parte venía haciéndolo con su trabajo, a cambio de un salario de comprensión social.

Lo que ha ocurrido en el proceso de análisis masivo de los Lineamientos con que nuestra sociedad busca vías para autosuperarse, y fortalecer su eficiencia, ha sido una lección de democracia práctica. En ese camino ni todos los que reclamaron que se actuase con cuidado han de considerarse portadores de una nociva resistencia, ni es seguro que todos los casos de aprobación incondicional de los cambios hayan sido aciertos libres de espejismos economicistas, de intereses variopintos o distintas formas de inercia, que es uno de los nombres dados a los hábitos de aceptación y de mal entendida unanimidad. Al dilatar los plazos en determinados ajustes inicialmente previstos para aplicarse con mayor celeridad, la dirección del país viene mostrando una actitud que no expresa concesión a timideces, sino capacidad de apreciar el sentir y las necesidades del pueblo, y respetarlo.

Por ahí anda, y debe afianzarse cada vez más, el espíritu de una república de veras popular, con virtudes para amparar institucionalmente la construcción del socialismo, y para que entre nosotros se sanee la noción de funcionamiento republicano. No se incurre en mera formalidad filológica al reclamar que —para definir la realidad política impuesta con la intervención de los Estados Unidos en 1898, la posterior ocupación por tropas de ese país y la coyunda de la Enmienda Platt— no se hable, sin más, de la República, sino se le añada el apellido correspondiente: ya sea neocolonial, mutilada o cualquier otro que la califique con exactitud. Trabajemos para que la República socialista se asocie, sobre todo, con aciertos.

Desde Güáimaro, en 1869, Cuba expresó su voluntad de ser república libre y digna, y Martí murió en combate cuando intentaba reunir la Asamblea de representantes del pueblo —este, en las circunstancias propias de la guerra, lo conformaban las masas de alzados—, en la cual debía constituirse la nueva República en Armas. Cuando la Asamblea se celebró, ya sin Martí, en Jimaguayú, y más tarde en La Yaya, no sería la misma que él intentó erigir. Pero en ambos casos alentó el afán republicano por el cual desde 1868 se luchaba con machete y fusil, a caballo o a pie, como fuese, y, sobre todo, con lo que llamamos corazón.

El impacto, costosísimo para la patria y sus ideales republicanos, de la muerte de Martí, hace pensar en la relación entre el papel de las personalidades, desde las más humildes hasta las de más elevada posición en la sociedad, y las instituciones encargadas de asegurar que esta funcione bien. Tal podría ser el tema para otro artículo de “Detalles en el órgano”; pero en el presente cabe apuntarlo apenas, pues requiere un detenimiento particular.

La pérdida de Martí en los inicios de la contienda ratificó la enorme importancia de las figuras relevantes —extraordinarias, en casos como el suyo— y la decisiva de las instituciones. No merecerá ser considerado original, ni en sentido elogioso ni irónicamente, como reticencia peyorativa, quien opine que uno de los mayores retos del socialismo estriba en combinar acertadamente el respeto a la individualidad con la atención a las necesidades y responsabilidades colectivas.

Pero la intervención estadounidense, bajo la cual se impuso la República neocolonial proclamada el 20 de mayo de 1902, no implicó que la vanguardia revolucionaria cubana renunciara al perfeccionamiento del ideal republicano. Como resultado, entre otros, de ese empeño, a menudo violento, se derogó formalmente en 1934 la Enmienda Platt y en 1940 se aprobó la Constitución que sería brutalmente violada por el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Fue la defendida por los actos insurreccionales del 26 de julio de 1953, como testimonia La historia me absolverá.

Cuando en 1976 se ratificó institucionalmente, con carácter socialista, la Revolución que triunfó al rayar 1959 —y que hace cincuenta años, en circunstancias cruciales, su guía declaró “de los humildes, por los humildes y para los humildes”—, lo hizo con la forma y la constitución de una república. Añádase que no de una república abstracta, sino de una que, por plantearse construir el socialismo, estaba y está responsabilizada con superar cualquier realidad precedente. Es impropio, por tanto, arrinconar el rótulo la República en los lindes de la frustración neocolonial impuesta por el imperialismo estadounidense.

La superación necesaria no se alcanzará —no, al menos, con la mayor plenitud posible en cada etapa y de acuerdo con las circunstancias—, si no se logran, entre otros, dos objetivos centrales: uno es la participación activa del pueblo, de la ciudadanía, en la toma de decisiones a todos los niveles de la República; otro, una sólida cultura jurídica basada en el conocimiento de la Constitución y de las leyes en general. Ese conocimiento no debe dejarse en manos de quienes intenten emplearlo para desacreditar el proceso revolucionario: es un patrimonio de los ciudadanos en general, y una responsabilidad particular de quienes defiendan dicho proceso.

Luis Toledo Sande

Publicado originalmente en Cubarte. El Portal de la Cultura Cubana:

http://www.cubarte.cult.cu/periodico/letra-con-filo/republica-y-ciudadania-detalles-en-el-organo-vi/17827.html

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