En el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, que aprobó los Lineamientos para encauzar reajustes vitales en el país, el presidente Raúl Castro planteó la necesidad de limitar la duración de la permanencia de los cuadros en los más altos cargos nacionales, y anunció que él mismo daría el ejemplo en el cumplimiento de esa norma. Además, en aquel y en otros foros relevantes arremetió contra la corrupción, que el Comandante en Jefe Fidel Castro había señalado, por encima incluso de la hostilidad imperialista, como un mal capaz de derrocar al proceso que dio a Cuba independencia nacional y justicia.
Con respecto a ese tema el general Raúl Castro no se quedó en desaprobar cierta corrupción “menor” más o menos generalizada, sino que arremetió contra los bandidos de cuello blanco aspirantes a adueñarse del país. Un hecho de tanta gravedad tendrá lugar central en las preocupaciones por las cuales, de modo tajante, planteó que las leyes deben castigar con la correspondiente severidad a quien se corrompa, sea quien sea. Queda claro, pues, el llamamiento a aplicar tan necesaria vara de medir a quienes se desempeñen en todos los niveles de dirección del país, con independencia de su biografía y del aval que tengan, aunque una y otro se valoren como proceda en un juicio legal y moralmente equilibrado.
En Cuba parecía impensable que se limitara el tiempo de permanencia en altos cargos, dada la costumbre de ver a la nación bajo la guía de una dirección histórica, en la cual se daban por resumidas las mejores intenciones y la mayor entrega a las necesidades de la patria heredada y de la sociedad en construcción. Y aunque no estuviera escrito, en el espíritu de una Revolución legítima que triunfó por la vía armada parecía arraigarse el concepto según el cual dicha limitación era propia de la llamada democracia burguesa.
Pero desde los primeros momentos la Revolución reconoció como su autor intelectual a José Martí, quien, lejos de ignorar la democracia conocida en su tiempo, señaladamente en las entrañas del monstruo, repudió sus manquedades sinceramente, y no solo en teoría. Obra suya, las Bases del Partido Revolucionario Cubano, fundado por él, fijaron normas que bajo su dirección se cumplieron: elecciones anuales y dirigentes sometidos al control de los electores, ante los cuales debían rendir cuenta periódica.
En general, la permanencia ilimitada en un cargo —sobre todo si es de alta jerarquía— puede favorecer nociones y prácticas que el propio Martí condenó en “Nuestra América”, ensayo cardinal que desbordó el tema de la independencia política. En ese texto sostuvo que, para defender de veras a los humildes, se requería afianzar un “sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores”: no solo rechazar los intereses de estos, sino también la herencia de sus hábitos en el ejercicio del poder. Además, la permanencia ilimitada en los cargos, no solo en los de mayor nivel, puede generar una inercia paralizante por el exceso de confianza en la autoridad de la cual se está investido, y por la pérdida de acertados reflejos creativos frente a los movimientos de la realidad, siempre cambiante.
Añádase que la autoridad administrativa, y dentro de ella la gubernamental, incluye facultades en el manejo de recursos, y en ese camino se puede llegar a la pérdida de barreras entre el buen uso del mando y su distorsión, tanto como —salvo tal vez en casos de honradez y voluntad misional proverbiales— entre el buen empleo de los recursos y su utilización caprichosa, para no hablar de posibles inmoralidades. Hasta la “legitimación por méritos”, o de manera especial ella, puede generar torcimientos fatídicos, si la autoridad desemboca en desafueros que quien los comete llega a considerar expresiones naturales de sus prerrogativas, y la población los acepta como atributos propios del mando.
¿Qué decir si la autoridad se enreda con el sentido de casta —tendencia que parece universal en la especie humana— y la contamina el germen de la corrupción? A las deformaciones posibles en quien dirige se unirá entonces la complicidad de los dirigidos u ocupantes de puestos intermedios que aspiren a recibir beneficios, o pretendan llegar ellos mismos a posiciones que les faciliten obtenerlos. Agréguense pizcas de otros ingredientes parecidos, o concomitantes, y estarán servidas la impunidad y el nepotismo, y rejuegos de sesgo mafioso, para solo mencionar algunas de las aberraciones contrarias a un proyecto que se proponga cultivar la justicia social, aspiración entorpecida o impedida por el individualismo y la herencia de siglos de desigualdad en el mundo.
La actualización que se plantea para el modelo económico cubano está abocada a lo que, dado el afán de rectificar hipertrofias centralistas implantadas en especial desde 1968, pudiera considerarse una especie de nueva ofensiva revolucionaria en otra dirección. La plausible voluntad de no subrayar el peso de la propiedad privada, independientemente de su tamaño, puede mover a preferir términos como cuentapropismo y cuentapropista; pero la verbalización no basta para impedir los efectos prácticos de la realidad, más terca que el lenguaje, y a la larga, si no a la corta, más influyente que él. Ni siquiera de las cooperativas hay que esperar un sentido de colectivismo comparable con el buscado a base de la socialización que se intentó a partir de aquel año, y sobre cuya relativa, real o supuesta inoperancia, así como sobre las causas de esta, habría mucho que decir, e indagar.
Para hacer frente al crecimiento del individualismo —que puede prosperar asimismo con el uso ineficiente o corrupto de la propiedad social— se necesita fomentar una plena cultura revolucionaria, que no solo concierne a lo gremial o ministerialmente llamado cultura, sino a los más profundos conceptos y a las prácticas sustanciales de la existencia y la conducta diarias. Aunque el bolchevique Lenin no esté de moda, conviene recordar su concepto de moral socialista, que él no veía como cuestión de moralina o mojigatería, herencia de tabúes medievales, sino como la actitud y el pensamiento de respeto a la propiedad social.
Tratándose de un proyecto justiciero como el que debe seguir identificando al experimento cubano, quien dice propiedad social dirá también utilidad colectiva de los bienes. El desiderátum atañe también a los recursos que sean patrimonio privado y deban dar a la nación no únicamente el beneficio trazado por la política tributaria, sino el de la honradez, norma que el país necesita que florezca en todos los órdenes, y que en el ejercicio de la autoridad estatal únicamente se puede ignorar so peligro de desastre. La propia contribución al fisco se desangra si los encargados de controlarla e inspeccionarla subordinan su responsabilidad a la obtención de ganancias personales, egoístas, basadas en el soborno y la connivencia, males que están lejos de ser fantasmagorías imaginadas.
Cuidar los recursos sociales, entre ellos los derivados de la práctica tributaria, es una responsabilidad de las instituciones y autoridades gubernamentales y estatales, que no producen los bienes y los servicios, sino dirigen su producción y los administran. En cambio, tienen especiales responsabilidades con la nación, con el pueblo, y en particular con la masa de trabajadores, que son quienes en realidad producen, crean.
En todos los niveles, la responsabilidad de esas instituciones y autoridades debe estar sujeta a control, a fiscalización, tareas, también vitales, cuyo cumplimiento resulta inviable sin la consagración de quienes asumen la misión de dirigir y administrar. En ese terreno compete a la participación popular un papel fundamental, decisivo, que los hábitos burocráticos y los interesados en mantenerlos pueden entorpecer o impedir, con las costosas consecuencias que de ello cabe esperar para el país, o que están a la vista.
La mera existencia de los mecanismos y los funcionarios encargados de luchar contra la corrupción —por muy bien estructurados que estén los primeros, y muy bien preparados los segundos— no basta para que esa lucha se libre como lo necesita el país. Urge asegurar y desarrollar, con educación, vigilancia y leyes, y castigo cuando sea menester, una moral colectiva que los desequilibrios económicos y los malos manejos administrativos pueden quebrantar gravemente, minándola hasta diluirla en la resignación y la complicidad, cuando no en la comisión directa y consciente de prácticas corruptas.
Si el concepto no fuera algo así como un espacio ocupado, y viciado por orígenes e interpretaciones de diversa índole, cabría decir que se requiere una cultura de revolución permanente. Para evitar confusiones, dígase que en un proyecto como el cubano, máxime en las actuales circunstancias, es cuestión de vida o muerte sembrar y fomentar cada vez más una cultura revolucionaria de la honradez y la eficiencia, virtudes que deben marchar juntas. Sin ellas, ¿adónde iría a parar el país, a qué manos?
No hay que pretender la honradez de ángeles etéreos, a los que en la tierra acabarían robándoles las alas, ni la eficiencia en el sentido que a esa meta vital pudieran imprimirle tecnócratas y pragmáticos, desentendidos de la médula social de un proyecto justiciero que también debe atender los requerimientos de la economía. Pudiera parecer cosa sencilla, pero es sumamente compleja. Contra su logro actúan intereses y rutina, picardía e inercia, en una trama que abarca el conjunto de resortes que la sociedad necesita para funcionar y generar la actitud, los bienes y los servicios indispensables para la buena marcha nacional.
De ahí la importancia de castigar legalmente —según corresponda— a quien incurra en la corrupción, sea quien sea. Igualmente, sea quien sea debe responder por las consecuencias de las decisiones que tome en el ejercicio de la autoridad de la cual esté investido, y más aún si las toma explayando sus prerrogativas personales en detrimento de la estructura institucional que, empezando por la Constitución, el país debe cuidar a todos los niveles. Así como incluso en los más altos cargos la permanencia de un cuadro, sea quien sea, debe estar sujeta a límites —sin creer que ello basta para lograr lo que la nación necesita—, el dirigente o funcionario ha de responder por los resultados de sus decisiones, sea quien sea.
No basta valorar las intenciones y el esfuerzo personal, pues las circunstancias, por lo general mutantes y ariscas, pueden entorpecer en gran medida el éxito de una decisión dada. Pero se debe hacer la valoración justa que cada caso requiera o merezca, y determinar en qué medida han causado estragos el voluntarismo, la tozudez, el desconocimiento de los factores con que se ha de contar, tanto como la falta de previsión o la insuficiente vigilancia que cada quien debe mantener en las funciones a su cargo. Tras más de medio siglo potenciando, con grandes esfuerzos e inversiones, los niveles de instrucción de la ciudadanía, hay motivos y derecho para valorar también con rigor el peso de la ignorancia, o la falta de preparación, en el incumplimiento de las tareas.
No es cuestión de promover persecuciones asfixiantes, ni tampoco de menospreciar los daños que por error, acomodo a las prerrogativas, autoritarismo o desidia alguien cause al país en su desarrollo y su destino a largo plazo, o en la cotidianidad. Ello puede ocurrir en el terreno de la conducción política, o en frentes más específicos, dígase por ejemplo una industria o servicios vitales, para no hablar de los valores imprescindibles si se busca cimentar la civilidad y la ética en el funcionamiento social. Se habla de elementos fundamentales —o que se relacionan directamente con ella— en la cultura de un país, si se quiere que de veras esta sea revolucionaria, aún más si se pretende que alcance el grado requerido para cultivar desde las raíces la justicia social y la felicidad del pueblo.
También en ello se requiere el debido cambio de mentalidad, el cual no se conseguirá sin incluir la adecuada proporción en el cambio de mentes. Por muy brillante y creativo que sea, y muchos méritos que tenga, nadie se libra de los designios de la biología y de lo permitido por el cuerpo, único soporte para la instalación del cerebro y sus ramificaciones. Pretender otra cosa puede convertir los propósitos emancipadores en consignas, candor estéril o trivialidad repetitiva, mientras apremia que cada ciudadano, sea quien sea, cumpla plenamente las responsabilidades propias de su cometido individual, de su papel como parte de una colectividad dada y del país todo, así como sus derechos y deberes de reclamar el mejor funcionamiento de instituciones y autoridades, y velar por él.
Sin la generalización de esa actitud —que es profundamente un hecho cultural y no puede confiarse a la espontaneidad ni a las meras convocatorias verbales, aunque sean sabias― no podrán cumplirse satisfactoriamente los llamamientos hechos por el Comandante en Jefe de la Revolución y por el actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y primer secretario del Partido. Es necesario pensar con intensidad, con sentido de urgencia, no solo considerando el presente, sino, todavía más, con vistas al futuro, que está en juego.

Luis Toledo Sande

Publicado originalmente en Cubarte. El Portal de la Cultura Cubana:

http://www.cubarte.cult.cu/periodico/letra-con-filo/sea-quien-sea-o-cultura-revolucionaria-indetenible-detalles-en-el-organo-xiii/23177.html

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